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La Procuraduría Regional del Quindío decretó la caducidad de la acción disciplinaria contra el curador urbano de Armenia José Elmer López Restrepo, tras investigación iniciada por el ministerio Público por el otorgamiento de una licencia de construcción de una bomba de gasolina en el sector de Montecarlo, diagonal a la glorieta Malibú, en la avenida El Edén de Armenia.

El principal argumento de la Procuraduría ha sido que los hechos por los que se cuestiona al curador se presentaron el 30 de diciembre de 2014, y la investigación fue iniciada por el ministerio Público el 29 de julio de 2020, es decir, pasaron los cinco años de vigencia para comenzar este tipo de investigaciones, por lo tanto se debe decretar la caducidad.

El segundo argumento es que la licencia se expidió amparada en documento público de la Oficina de Planeación de Armenia, que autoriza el sitio para construir una bomba o estación de gasolina, toda vez que 500 metros a la redonda no hay establecimientos educativos, prohibición contemplada en el Plan de Ordenamiento Territorial.

Y por último, dice la Procuraduría, acogiendo el argumento del abogado defensor de López, el jurista Fabio Peláez Pardo, sobre la mesa de la curaduría estaba un documento con mapas y líneas concretas donde se respetaban los 300 metros de distancia de centros educativos, de que habla el POT, para la construcción de este tipo de inmuebles.

En su fallo, la Procuraduría dispuso archivar la investigación y ordenó que, por parte de la Procuraduría Provincial de Armenia, se dé inicio a las indagaciones preliminares en contra de los funcionarios que tuvieron a su cargo el presente proceso.

La selección y designación de los funcionarios la realizó la corporación universitaria de Colombia Ideas, de la ciudad de Bogotá. Durante el proceso se presentaron varias tutelas y recursos.

Margarita María Pino Ramírez y José Élmer López Restrepo fueron quienes se posesionaron ayer como curadores urbanos uno y dos de Armenia.

El evento se cumplió en el despacho de la alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco, donde ambos juraron no tener impedimentos ni inhabilidades para ejercer el cargo.

Para la selección y designación de estos funcionarios, la administración municipal contrató, la universidad bogotana para que realizara el concurso de méritos, y aunque estaba programado para que finalizara en seis meses, debido a varias tutelas y recursos que se instauraron en su contra, se alargó a un año.

Los curadores, que estarán en su cargo por cinco años, están trabajando desde ayer.

En el caso de la curaduría urbana número uno, José Alejandro Botero Ríos, que estaba como encargado, le entregó el puesto a la señora Pino Ramírez delante de los entes de control y el ministerio público.

Por otro lado, en la curaduría urbana número dos no hubo necesidad de empalmes, ya que el funcionario que nombraron lleva poco más de un periodo como curador.

“Nombramiento legal”

“Con absoluta seguridad les puedo decir que fue un proceso totalmente transparente, que las personas que estaban en las curadurías y otros interpusieron los recursos a los que tuvieron lugar, se les respetaron todos los derechos y hoy podemos, de acuerdo con la Constitución y las leyes, hacer el nombramiento absolutamente legal”: afirmó la mandataria de Armenia, Luz Piedad Valencia, a los presentes en el evento.

Aunque el pasado 11 de junio el Juzgado Tercero Penal Municipal de Control de Garantías le ordenó a la alcaldía suspender el concurso de curadores porque admitió una tutela en contra del proceso, -como lo informó LA CRÓNICA en su edición del 13 de junio- ocho días después declaró esta acción improcedente, por lo que la burgomaestre pudo nombrar a los curadores.